
Este anuncio de la UCI supone un claro respaldo a los rumores de los últimos meses que aseguraban que corredores como Cancellara, se habían ayudado de motores eléctricos en algunas competiciones. Desde este mismo espacio, ya expusimos nuestras dudas acerca de la veracidad de tales rumores, pero parece ser que la UCI es mucho más crédula que nosotros. Lamentablemente, lo del motorcillo eléctrico era un tema tan grotesco que rápidamente pudimos comprobar su propagación hacia medios de comunicación no especializados e incluso en programas de entretenimiento.
El daño que ese rumor puede haber hecho al ciclismo lo sabremos muy pronto. Pero ahora quiero incidir en algunas preguntas que siempre me vienen a la mente cuando leo noticias como estas en las que se anuncian nuevas medidas para combatir a los tramposos: ¿Quién se hará cargo del contrato de esos escáners y a cuánto ascenderá? ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Quién se beneficiará?
Creo que fue Pedro Delgado quien dijo en una entrevista televisiva que lo de la lucha contra el dopaje en el ciclismo es, entre otras cosas, un gran negocio. En efecto, piensen en la cantidad de recursos económicos que hay que destinar para pagar a los laboratorios que analizan las muchísimas muestras de los ciclistas, los inspectores que pueden aparecer en cualquier lugar del mundo para sacar tests por sorpresas, el personal administrativo que se necesita para llevar al día cuestiones como el pasaporte biológico... Cuando algo mueve tanto dinero es fácil que se generen clientelismos indeseables. De hecho, a nadie se le escapa que buena parte de la culpa del enfrentamiento que protagonizaron el Tour y la UCI hace un par de años se debió a cuestiones relacionadas con la gestión del antidopaje.